¿Más Control o Menos Oportunidades? El Debate sobre las 50 Transferencias
El reciente proyecto de ley de cumplimiento tributario, que fiscalizará a quienes reciben más de 50 transferencias desde diferentes destinatarios, ha generado un amplio debate en la sociedad y particularmente en la comunidad de negocios. Desde una perspectiva objetiva, esta iniciativa busca combatir la elusión y la evasión fiscal, promoviendo mayor transparencia y formalidad en las transacciones económicas. Sin embargo, también plantea retos significativos para ciertos segmentos de la economía, especialmente para pequeños emprendedores que utilizan estas transacciones como una vía para generar ingresos complementarios.
Este tipo de regulación, aunque loable en su propósito de fortalecer las finanzas públicas y asegurar la equidad fiscal, podría tener efectos adversos en los microempresarios y trabajadores independientes. En particular, aquellos que operan con volúmenes de ventas menores y para quienes la informalidad no es una elección deliberada, sino una consecuencia de la falta de acceso a herramientas y conocimientos sobre formalización. El impacto económico sobre este grupo podría ser severo, ya que muchos de ellos dependen de estas actividades para complementar sus ingresos familiares.
La vinculación de la fiscalización de las 50 transferencias con la aplicación del IVA también genera preocupación. Para muchos pequeños emprendedores, cumplir con esta obligación adicional podría traducirse en una mayor carga administrativa, además de implicar un costo directo que podría reducir considerablemente su margen de ganancia. Si bien el IVA es un impuesto esencial para el financiamiento público, imponerlo de manera indiscriminada a emprendedores con operaciones de baja escala podría desalentar su actividad y, en algunos casos, empujarlos hacia la informalidad, lo que contraviene los objetivos de la ley.
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